El anuncio de destinar hasta dos billones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al fondeo del sistema bancario para la expansión del crédito hipotecario vuelve a colocar en primer plano una cuestión clásica del derecho de la seguridad social: la relación entre la administración financiera de las reservas previsionales y la finalidad específica que justifica su existencia. El esquema previsto contempla depósitos a plazo fijo ajustables por UVA, a uno y cinco años.
El uso de los fondos previsionales para créditos hipotecarios tiene límite y genera tensiones
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