La investigación por el ingreso ilegal de teléfonos celulares al complejo penitenciario de Bouwer derivó en la detención de un empleado del Servicio Penitenciario de Córdoba y de un interno, sospechados de haber acordado una maniobra a cambio de dinero.
La Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Franco Mondino, dispuso la imputación y detención del subayudante Luciano Rafael Brito, por el delito de cohecho pasivo, y del interno Nicolás Kademian, acusado de cohecho activo.